Entre 2020 y 2024, el gasto en sueldos del Gobierno Central de Ecuador creció en más de $1.200 millones, representando hasta el 70% de la recaudación tributaria.
El gasto en sueldos del Gobierno Central ecuatoriano pasó de $8.592 millones en 2020 a $9.862 millones en 2024, un aumento de $1.270 millones en cinco años, según datos del Observatorio de la Política Fiscal.
Esta cifra no incluye los gobiernos locales ni las empresas públicas, y representa una presión creciente sobre unas finanzas públicas ya afectadas por déficit y atrasos.
En promedio, el gasto en sueldos del Gobierno Central se ha incrementado en $254 millones anuales. A esto se suma que, entre 2020 y 2024, se destinó un total de $2.095 millones adicionales solo para pagar personal vinculado a proyectos de inversión, es decir, en promedio otros $419 millones anuales.
El economista Andrés Rodríguez subraya que esta carga es difícil de sostener, más aún cuando se acumulan pedidos sociales para contratar más personal en sectores como salud, educación, justicia o en entidades de control como la Contraloría o la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).
Según cifras del Ministerio de Trabajo, el número de funcionarios públicos del Gobierno Central, sin contar gobiernos locales ni empresas estatales, asciende a 490.946 personas. Las remuneraciones de toda esa masa laboral representan entre el 60% y 70% de toda la recaudación tributaria de cada año. En términos simples: entre 6 y 7 de cada 10 dólares que pagan los ecuatorianos en impuestos se destinan solo a cubrir esos sueldos.
Burocracia estatal en Ecuador: crecimiento automático sin nuevas contrataciones
Para José Xavier Orellana, exasesor de McKinsey & Co y consultor económico, este fenómeno se agrava porque el gasto en sueldos crece automáticamente, incluso sin que se incorporen nuevos funcionarios. “La masa salarial crece sin que tú contrates a nadie: 300 millones de dólares al año”, afirma. Esto se debe a escalafones, bonificaciones y ajustes automáticos por antigüedad.
El Gobierno de Daniel Noboa ha impulsado medidas para aumentar los ingresos fiscales —como la eliminación del subsidio al diésel a los grandes atuneros, el incremento de tarifas eléctricas y mayores cobros al sector minero—, pero Orellana considera que el desequilibrio estructural requiere también un control del gasto.
Frente a esta situación, anticipa que el Gobierno “va a ir por todos los pistones” para cerrar la brecha fiscal, incluida una nueva reforma tributaria prevista para el periodo 2025-2026. Sin embargo, advierte que también existen rutas para ahorrar sin necesidad de subir impuestos.
¿Dónde ahorrar en sueldos sin afectar servicios públicos?
McKinsey & Co tiene un estudio que estima ahorros de entre 15% y 28% en compras públicas. En Ecuador, ese rubro supera los $6.000 millones al año, lo que equivale a un margen potencial de ahorro de entre $900 millones y $1.700 millones anuales si se eliminan sobreprecios, procesos ineficientes y contratos mal negociados.
A esto se suma un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que revela pérdidas similares en la ejecución de obra pública debido a mala planificación, sobredimensionamiento y corrupción.
“Esa es una reducción del déficit que se hace sin elevar tributos”, insiste Orellana. Sin embargo, reconoce que la ruta más probable del Gobierno será una combinación de recaudación extra y ajustes parciales al gasto.
Se verá si las reformas a la contratación, que el Gobierno ha incluido en la Ley de Integridad Pública, podrán hacer más eficientes las compras estatales y bajar el gasto. LA HORA analizó los puntos fuertes y débiles de esa normativa que se tramita en la Asamblea.
Lecciones de países similares a Ecuador: menos gasto, más eficiencia
Varios países de ingreso medio han logrado reducir el peso del gasto en sueldos sin deteriorar los servicios públicos. Por ejemplo:
● Colombia implementó en 2021 un programa de retiro voluntario con incentivos financieros, logrando reducir su nómina en más de 10% sin despidos forzosos. Además, profesionalizó su servicio civil con una evaluación más estricta del desempeño.
● República Dominicana reestructuró su sector público en 2020-2022 mediante la digitalización de servicios, eliminando duplicidades y racionalizando cargos administrativos. El gasto en personal cayó del 44% al 36% del presupuesto total.
● Georgia, en Europa del Este, redujo su burocracia a menos de la mitad en cinco años, usando un modelo de “funcionarios polivalentes” entrenados para varios servicios. El proceso fue acompañado por sistemas de evaluación y despido por baja productividad.
“Estas experiencias muestran que sí es posible adelgazar el aparato estatal sin afectar su capacidad de acción. Para lograrlo, Ecuador necesitaría impulsar reformas legales para limitar el crecimiento automático de sueldos, implementar evaluaciones reales de desempeño, y digitalizar procesos con una visión de eficiencia y transparencia”, apuntó Carla Ordóñez, economista y consultora en productividad.
De acuerdo con Ordóñez, las leyes ya vigentes en el país dan todas las herramientas para evaluar al personal del sector público, pero no se cumplen. “No se necesita inventar nada”, acotó.
A la par, como ya analizó LA HORA, Ecuador regula y mantiene trámites sin sentido que asfixian a la economía y justifican parte de la burocracia. Sin embargo, tiene vigentes dos leyes que podrían destrabar todo eso, pero no se aprovechan:
● Hace dos años, durante el Gobierno de Guillermo Lasso, se incluyó el libro siete en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Ese libro da las herramientas para implementar las mejoras prácticas regulatorias y eliminar barreras normativas.
● Desde 2018, se emitió y está en vigencia la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de trámites administrativos. Esta ley da las herramientas para reducir los trámites que tiene que hacer el ciudadano con el Estado o el empresario con el Estado.
Solo aplicando bien estas normas se podría hacer más eficiente al sector público, reducir nómina y facilitarle la vida a los ciudadanos y empresarios en el país.
